La columna partía de una controversia por los homenajes dedicados a Augusto Pinochet. Su argumento principal era que cualquier evaluación pública de esas ceremonias debía considerar tanto el golpe de Estado de 1973 como las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura que se extendió hasta 1990.
El autor atribuía un papel relevante a la intervención de Estados Unidos y a sectores chilenos que contribuyeron a desestabilizar al gobierno de Salvador Allende. Mencionaba huelgas, sabotajes, acaparamiento y dificultades de abastecimiento como parte del clima previo al quiebre institucional. La pieza expresaba una interpretación política propia de su fecha y debe leerse como opinión, no como una síntesis exhaustiva de la historiografía.
El centro de la crítica
El texto sostenía que los homenajes no podían separarse de la represión estatal. Recordaba que durante la dictadura hubo asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, exilio y persecución política. Por respeto a las víctimas, este archivo omite las descripciones explícitas incluidas en la versión original.
Desde esa perspectiva, la ceremonia cuestionada era interpretada como una afrenta a las personas afectadas y a sus familias. La columna rechazaba que la reivindicación de la disciplina o del honor militar pudiera utilizarse para minimizar responsabilidades institucionales y delitos contra los derechos humanos.
Justicia, transición y Constitución
La crítica se extendía a decisiones tomadas durante la transición democrática. El autor objetaba las gestiones políticas vinculadas con el regreso de Pinochet desde Londres, así como un indulto concedido en 2005 a un exintegrante de las fuerzas de seguridad condenado por el homicidio del dirigente sindical Tucapel Jiménez.
También cuestionaba la firma del texto constitucional reformado en septiembre de 2005. A su juicio, las modificaciones no rompieron de manera suficiente con la arquitectura institucional heredada del régimen militar. Esa valoración formaba parte de un debate chileno más amplio sobre legitimidad constitucional, representación política y continuidad jurídica.
La dimensión económica y social
La columna vinculaba la memoria de la dictadura con la permanencia del modelo neoliberal. Señalaba el sistema electoral binominal entonces vigente, junto con las estructuras de salud, educación, trabajo y administración de recursos naturales, como ámbitos donde observaba continuidades.
En particular, criticaba la participación privada y transnacional en bienes estratégicos, incluidos los recursos hídricos. El argumento era que la democratización política resultaba incompleta si no incorporaba una revisión de las desigualdades y de las reglas económicas consolidadas durante el régimen militar.
Una pieza situada en su tiempo
El artículo cerraba mediante referencias atribuidas a Simón Bolívar y Salvador Allende sobre educación política, realidad histórica y transformación social. Aquí se conserva únicamente su sentido general: el autor entendía la memoria como una herramienta para actuar democráticamente y rechazaba las fórmulas universales desligadas de cada sociedad.
Leída desde 2026, la pieza permite observar cómo se discutían en 2012 la memoria pública, las responsabilidades de la transición y la legitimidad de las instituciones chilenas. No sustituye las investigaciones históricas, las sentencias judiciales ni los informes oficiales sobre el período.